Sociedad Civil y Estrategia de Saneamiento Rural

Las coberturas del saneamiento rural en el Perú son muy bajas: se calcula 35% para agua y 7% para alcantarillado. No obstante, cabe mencionar que en los últimos años se han canalizado, desde FONCODES, recursos financieros que han permitido construir y/o mejorar más de 9.000 sistemas en las comunidades rurales. Sin embargo, las comunidades usuarias, el ente rector del sector (PRES) y las instituciones ejecutoras están buscando mecanismos que garanticen la sostenibilidad de los servicios y de las inversiones.

Con el objetivo de discutir esa problemática, a fines del año pasado se reunió el Comité Sectorial de Agua y Saneamiento para elaborar los términos de referencia de un estudio sobre la sostenibilidad de los servicios, y encargó su ejecución al Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial.

Dicha actividad se realizó en el primer trimestre de este año. Fue coordinada por el consultor ingeniero Francisco Soto y contó con el apoyo de CARE, ADEC, SUM Canadá, EDACH, APRISABAC, SANBASUR (Adeas Qollana), ITDG y CENCA, entre otras, quienes facilitaron el trabajo de campo.

Metodología

El estudio se sustenta en la aplicación de encuesta a 104 comunidades, en las que se recoge información sobre el estado de infraestructura, el funcionamiento de los organismos de gestión y la opinión de los usuarios. A su vez, el índice de sostenibilidad se definió sobre la base de tres variables: a) situación del sistema de agua; b) gestión; y, c) operación y mantenimiento. Cada variable fue construida con un determinado número de indicadores. Las 104 comunidades fueron seleccionadas al azar, tomando muestras de la costa (Piura y Nazca), la sierra (Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno), y la selva (San Martín).

Por ello, un programa nacional para el saneamiento rural deberá tener como uno de sus componentes de ejecución inmediata la capacitación y el fortalecimiento institucional de las comunidades rurales que ya cuentan con el servicio, pero que carecen de los conocimientos y la asistencia técnica básica para operar y mantener por sí mismos sus servicios de agua potable. Adicionalmente, se debe apoyar la rehabilitación, recuperación de sus sistemas y/o el mejoramiento de la infraestructura en general, sobre la base de la demanda que realicen dichas comunidades.

El presente mensaje es para felicitarlos por incluir en su número de marzo (Agua N°2) un artículo sobre la Ley 27045, que es un tema de actualidad para las EPS municipales. Sin embargo, quisiera señalar algunos puntos del artículo que deberían ser precisados:

1. Se indica que en la Ley se establece que el MEF es el encargado de cobrar los saldos deudores de los préstamos otorgados por el FONAVI a las EPS. Esto no puede ser generalizado, ya que la Ley hace referencia a un programa de regularización, razón por la cual no es aplicable a los saldos de los créditos de las EPS que se encuentren al día con sus obligaciones de pago, salvo que ellas motu proprio, soliciten comprender los saldos a algunas de las modalidades.Considero que criterios como éste han hecho pensar a ANESAPA que se estaría infringiendo el artículo 62 de la Constitución, lo cual no es cierto.

2. Se indica que la Ley 27045 exime a las personas naturales del pago por los préstamos que recibieron del FONAVI para obras de saneamiento y de electrificación. Al respecto, cabe precisar que la Ley se refiere sólo a las obras de saneamiento.

3. Hay sólo 44 EPS municipales reconocidas en el país, y 20% de ellas nunca solicitó un préstamo directo a FONAVI, ni en su jurisdicción los usuarios hicieron obras de saneamiento, por lo que no estarían comprendidas dentro de los alcances de la Ley 27045.

4. Se indica que si las EPS optan por la capitalización serán consideradas, para todos sus efectos, como entidades prestadoras públicas. Cabe precisar que esta consideración se refiere exclusivamente a aquellas en las que el Gobierno Central tenga más de 50% de las acciones y no a todas las que se acojan a esta modalidad de regularización de su deuda.

5. Se indica que las acciones de las EPS municipales no son transferibles y que, por lo tanto, la aplicación de la Ley 27045 tendría obstáculos legales.

A ese respecto, debemos señalar que las acciones de las EPS municipales son transferibles, siempre y cuando no sean de propiedad municipal (por ejemplo, acciones privadas).
Esta diferenciación es importante, debido a que la Ley 26338 admite la posibilidad de EPS mixtas, lo que supone la coexistencia de acciones de propiedad municipal (intransferibles) con acciones ordinarias suscritas y pagadas por el sector privado (de libre transmisibilidad).

Atentamente,

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han iniciado una evaluación global sobre el estado del agua y saneamiento, cuyo resultados permitirán diseñar nuevas políticas para la dotación de esos servicios.
Considerando que esta actividad coincide con el final del decenio, la evaluación incluirá cobertura, calidad de los servicios e indicadores relacionados con las enfermedades transmisibles por el agua.
En el Perú, la OPS y UNICEF han iniciado esta actividad convocando a las instituciones oficiales del sector con el pleno respaldo del Ministerio de Salud. Con la colaboración del CEPIS, se han elaborado 14 formularios para solicitar la información a las distintas instituciones del sector.
Para mayores informes, dirigirse a Sonia Tavares, em: stavares@per.ops-oms.org

Con el propósito de intercambiar experiencias y aprender lecciones que podrían ser aplicadas en los proyectos en ejecución y en preparación, el Grupo Temático de Agua y Saneameinto del Banco Mundial está invitando a los representantes de isntituciones gubernamentales y locales, Fondos de Inversión Social, Proyectos de Saneameinto Básico Rural y COSUDE, a un taller que se llevará a cabo en Cusco, Perú, del 24 al 27 de mayo de 1999, y contará con participantes de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. Previamente, como parte de esta iniciativa, algunos representantes de Centroamérica están realizando un viaje de estudio a Paraguay y Bolivia.
En el taller se analizarán las estrategias de implementación y el impacto obtenido en las comunidades; para ello se tratarán temas específicos como la demanda comunal, los arreglos institucionales, las opciones técnicas, la participación del sector privado, entre otros. Como producto, se espera que cada institución prepare lineamientos de una propuesta para optimar su estrategia de implementación y mejorar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades.

Hasta la fecha no hay aún una cifra exacta del número de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) que existen en el país, situación que la SUNASS espera superar cuando se emita la directiva sobre organización y funcionamiento de las JASS, que se encuentra en fase de revisión final.

A partir de la información disponible en el censo de 1993, así como de información del Ministerio de Salud, FONCODES y CARE (con las debidas depuraciones y consolidaciones), la SUNASS ha logrado identificar 4,504 JASS que operan en todo el país.

La capacitación a la comunidad debe
ser antes, durante y después
de construir el servicio

Sin embargo, con el fin de tener el número total de JASS que existen en el Perú, a esta cifra se le deberían añadir los sistemas nuevos construidos por el Ministerio de Salud en el período 1990/1992, así como las obras ejecutadas en 1993/1998 por las ONG, la cooperación técnica internacional directa, otras entidades que apoyan al medio rural en el país y la autoconstrucción sin apoyo externo de los mismos centros poblados.

De modo conservador, se podría afirmar que en el Perú existen aproximadamente 5.000 JASS, lo que significaría que alrededor de 41,8% de los 11.956 centros poblados rurales de más de 200 habitantes existentes en el país tienen servicio de agua y administrado por una JASS. El resto del medio rural, o no tiene servicio de agua o, si lo tiene, se encuentra administrado por una municipalidad, una empresa minera u otro tipo de organización.

La sostenibilidad de los servicios de saneamiento

En la SUNASS creemos que a partir del análisis de las experiencias exitosas se puede llegar a identificar los elementos comunes a tales experiencias. Nuestro contacto con Juntas Administradoras que han sobrevivido a la prueba del tiempo-entre las que se cuentan algunas que fueron formadas como consecuencia del Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (1964-1978) por el Ministerio de Salud-, nos permite sugerir conclusiones o plantear una hipótesis de trabajo para ser convalidada, complementada o refutada por los estudiosos de la materia.

Condiciones para la sostenibilidad

Considerando a las JASS como una organización comunal prevista en la Ley 26338 para la administración de los servicios de saneamiento en el medio rural, se han identificado cuatro condiciones en aquellas que vienen operando: i) la sensibilización incial de la población; ii) la utilización de tecnologías apropiadas; iii) la educación sanitaria de la población; y iv) el desarrollo institucional de las JASS.

La sensibilización inicial de la población

La sensibilización inicial de la población con respecto a los beneficios derivados de los servicios de saneamiento fue la primera condición que observamos. Los usuarios manifiestan la convicción de que contando con estos servicios se contribuirá a mejorar las condiciones de vida, y que esa fue la piedra angular sobre la que reposó el compromiso de la población para con las JASS. Además, señalan que sirvió para colocar la infraestructura de saneamiento en el orden de prioridades adecuado para su correcta operación y mantenimiento.

La utilización de tecnologías apropiadas

La utilización de tecnologías apropiadas fue la segunda condición observada; sin embargo, en este punto las entidades que apoyan la construcción de infraestructura de saneamiento en el medio rural deben tener en cuenta que ésta se refiere a:

La educación sanitaria de la población

La educación sanitaria de la población con respecto al uso apropiado del recurso agua, la valoración económica del servicio como elemento de desarrollo y el conocimiento adecuado de los costos involucrados para contar con agua segura (como contraposición del agua entubada), fue la tercera condición observada en todos los casos, aunque con diferentes grados de intensidad y presencia.

Se puede decir que esta tercera condición contituyó el sostenimiento de la primera, ya que contribuyó a que la población obtuviera realmente los beneficios esperados del servicio en la mejoras de sus condiciones de vida.

Pileta pública abandonada.
Como ésta, hay miles en el área rural
debido a que la comunidad no es capacitada
en la gestión del servicio

El desarrollo institucional de las JASS

La última condición observada en la sostenibilidad de los servicios es el desarrollo institucional de las JASS como organización, en tanto permiten recibir, canalizar y poner en práctica los beneficios de las otras tres condiciones.

SUNASS

Es función de la SUNASS, como organismo regulador y fiscalizador de la prestación de los servicios de saneamiento, establecer un sistema tarifario que, por un lado, asegure a los usuarios el pago de un precio justo por el consumo que efectúan, y, por otro lado, que permita a las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) cubrir sus costos y realizar las inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio que ofrecen a la población.

Reservorio y línea de
conducción de un sistema
por gravedad típico en el
área andina

3 de mayo: Con el apoyo de la Unión Europea y la coordinación de los CTAR con los municipios distritales, se ejecutarán obras de desarrollo social en Huancavelica. Se concluirán 17 obras de agua potable de uso comunal y escuelas en los distritos de Acoría, Yauli y Calcabamba. (El Peruano)

20 de abril: El Vice Ministro de Infraestructura del PRES anunció conversaciones con el Banco Mundial para diseñar un Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR) orientado a aumentar las coberturas con servicios sostenibles sustentando en la participación de las comunidades. (El Peruano)

11 de marzo: Bélgica financiará obras a favor de las familias desplazadas por la violencia y que han decidido retornar a sus comunidades de origen. Los fondos se canalizarán a través del PROMUDEH para las comunidades de Huaccana, Ongoy, Ocobamba y Andahuylas en Apurímac. (El Peruano)

22 de febrero: FONCODES ejecutará obras de desarrollo sanitario en la Amazonia. En Pucallpa, Iquitos y La Merced se han construido letrinas y pozos sanitarios, y en La Merced se ha previsto construir cinco sistemas de agua en las localidades de Poyen, Unión Coruya, Impanekari, Nueva Jerusalem y Chauja. (El Peruano)

18 de febrero: La localidad de Saltur, en Lambayeque, no tiene servicios de agua potable ni saneamiento. El alcalde delegado, Jesús Ortiz, solicitó el apoyo de la municipalidad distrital para resolver un problema que afecta a más de 500 familias. ( La República)

5 de febrero: El CTAR de Cajamarca invertirá en saneamiento construyendo los siguientes sistemas:agua potable de Jaguey, La Portada, La Huaca, en el distrito de San Benito (S/.50.000); Contumazá (S/.103.433); mejoramiento del sistema de Chilete (S/.150.000); construcción del alcantarillado en Campo Alegre, en San Marcos y en el distrito de Calquis, San Miguel; y construcción del sistema del centro poblado de Fibra Alta en Jaén (S/.120.000). (Panorama Cajamarquino)