CENCA, Instituto de Desarrollo Urbano

Los días 21 y 22 de junio se realizó, en Lima, el Seminario "Experiencias Alternativas de Saneamiento Rural y Periurbano en Latinoamérica", con la participación de expertos del sector público, privado y organismos no gubernamentales, así como de alcaldes y representantes de organizaciones sociales.
El seminario fue auspiciado por el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS-BM), el programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS-BM), el Programa APGEP-SENREM de la USAID y el Instituto de Desarrollo Urbano-CENCA.
El evento tuvo como objetivos identificar y documentar las lecciones aprendidas de experiencias exitosas en saneamiento y proponer lineamientos para una política sectorial.

Recomendaciones

Como recomendaciones para una política de saneamiento, se destacó la necesidad de institucionalizar las tecnologías alternativas. Ello se sustenta en que las tecnologías no convencionales, si bien crecientes y muchas de ellas exitosas, no tienen aún el reconocimiento oficial del sector. Se requiere normalizarlas e incorporarlas como componentes del sistema de saneamiento, en el cual existe una heterogeneidad de opciones respecto al tipo de servicio. Esto implica el establecimiento de cambios en la normatividad técnica y legal vigente, así como en los procedimientos de licitación y contratación de servicios.

Referencia: CENCA
Teléfono: 266 0012

                                                                                                                 Andrés Gómez-Lobo/
                                                        Departamento de Economía de la Universidad de Chile

El proceso de privatización¹

Aparte de algunas empresas privadas menores que operaban desde hace varias décadas, la introducción mayoritaria del sector privado en el sector saneamiento en Chile comenzó recientemente. En 1993 se licitó un contrato de gestión con inversión para servir una zona costera de la V Región, denominada Litoral Sur (50 000 clientes), comprendida dentro de la zona abastecida por la empresa ESVAL. El concesionario debía proveer los servicios y realizar inversiones por 30 años, a cambio de un porcentaje de la recaudación de la zona (Arredondo y Mansilla 2000)². Asimismo, en 1994 fue licitada al sector privado la zona de Valdivia (ciudad de la X Región con 29 000 clientes), que anteriormente era servida por la empresa ESSAL. A diferencia del caso del Litoral Sur, esta segunda licitación fue una venta de los activos de la empresa, constituyéndose la nueva empresa privada Aguas Décimas S.A.

A pesar de las experiencias anteriores, la privatización de las empresas más importantes del sector no ocurrió sino hasta después de promulgada la Ley 19549 en 1998, que modificó la legilación y el marco regulatorio del sector³.
El objetivo de esta reforma fue fortalece la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado antes de privatizar, para así evitar futuros problemas y conflictos con las empresas privatizadas. Las reformas principales fueron (véase Arredondo y Mansilla 2000):

1. Introducir limitaciones a la estructura de propiedad para evitar una excesiva concentración en el sector.
   Estas limitaciones fueron de dos tipos. Por un lado, hay una limitación a la concentración horizontal. Se prohibió que un grupo empresarial concentre la propiedad de más del 49% de las empresas en cada una de tres categoría (grandes, con más del 15% de clientes totales del país; medianas, con menos del 15% del total de clientes pero más del 4%; y pequeñas, con menos de 4% de los clientes totales del país). Por otro lado, se estableció una limitación transectorial. Una empresa de agua potable no puede ser simultáneamente dueña de una empresa de distribución eléctrica o telefónica en una misma zona de concesión.
   La primera restricción fue introducida para fomentar la participación de múltiples empresas en el proceso de privatización, y para maximizar la posibilidad de regular por comparaciones. La principal motivación para la restricción a la propiedad intersectorial era evitar que una empresa pudiera, por sí sola, manipular el mercado inmobiliario en una determinada zona mediante el manejo de los proyectos de expansión de las empresas de servicio público. En ambos casos también influyeron consideraciones políticas en el sentido de evitar la creación de conglomerados que ostentarán un poder político significativo mediante su control de todos los servicios públicos en una zona de concesión.
2. Evitar el abuso de información por las empresas privatizadas mediante restricciones a los contratos que estas empresas privatizadas mediante restricciones a los contratos que estas empresas pueden suscribir con empresas relacionadas. Por ejemplo, todos los contratos por un valor superior a los 160 000 dólares deber ser licitados públicamente.
3. Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora del sector mediante la dotación de mayores facultades e instrumentos a las entidades correspondientes.
4. Mejorar, simplificar o precisar la metología y procedimientos para la fijación de tarifas. Un cambio importante en este sentido fue determinar que los estudios de costos realizados en el marco de una revisión tarifaria son públicos y pueden ser consultados por cualquier interesado. También se estableció que para cada parámetro de discordancia, la Comisión de Expertos sólo podía optar entre la posición de uno de los dos estudios de costos, no pudiendo elegir un valor intermedio.

En Lima, más de un millón de habitantes viven
en los cerros y partes altas de la ciudad, donde
no llegan los servicios de agua y saneamiento.

A partir de la promulgación de la Ley 19549, se ha procedido a privatizar las empresas más importantes del sector. La motivación para privatizar fue la necesidad de contar con financiamiento privado para los proyectos de inversión en tratamiento de aguas servidas, considerados prioritarios por la autoridad.
El procedimiento escogido para vender las empresas fue una combinación de las siguientes alternativas⁴:

1. la venta a un socio estratégico de un paquete accionario mediante licitación;
2. la suscripción por parte del socio estratégico de un número de acciones en el marco de un aumento de capital establecido con anterioridad a la licitación;
3. la venta de 10% de acciones en la bosa de valores;
4. la venta de 10% de las acciones a los trabajadores.

El Estado se reservaba la propiedad de al menos un 35% de las acciones.
Hasta la fecha el proceso de privatización ha incluido como socios a las empresas Enersis Anglian Water, Aguas de Barcelona, Suez Lyonnaise des Eaux, Iberdrola Energía, Thames Water y Electricidad de Portugal.
Como resultado del proceso privatizador, actualmente más de 73% de los clientes de zonas urbanas del país son ahora atendidos por un prestador privado. Esto contrasta con el 4,6% que era atendido por el sector privado antes de 1998.

Subsidio de agua potable⁵

Para neutralizar los problemas sociales generados por el aumento de tarifas, la autoridad introdujo en 1990 un subsidio directo al consumo de agua potable y alcantarillado⁶. La ley permite subsidiar entre 25 y 85% de la cuenta de agua potable y alcantarillado de un cliente para un consumo máximo de 20 m³ por mes.
La diferencia entre la cuenta total y el subsidio debe ser cancelada por el cliente.
El Ministerio de Planificación (Mideplan) determina cada año el número de subsidios asignados a cada región y el valor de los beneficios para cada subsidio. Para determinar estos números, Mideplan adoptó el criterio de la Organización Panamericana de la Salud en el sentido de que ningún hogar debería gastar más de 5% de su ingreso mensual en una cuenta de agua y alcantarillado.
Para estos efectos, utilizando información de una encuesta socioeconómica para determinar el número de hogares y su ingreso por región y las tarifas regionales, Mideplan puede determinar el número de hogares que requieren el subsidio y el monto de cada subsidio para cumplir el criterio anterior.
El financiamiento para el subsidio proviene enteramente del presupuesto nacional (cuadro 1).

Para obtener un subsidio, un hogar debe postular en su municipalidad. La municipalidad procede a determinar si el hogar es elegible para el beneficio.

Cuadro 1
Evaluación del gasto en el subsidio de agua potable y
alcantarillado (millones de dólares)

Fuente: Mideplan. Los datos fueron transformados a dólares utilizando el tipo de cambio promedio de cada año informado por el Banco Central de Chile.

Esto se define principalmente por su condición socioeconómica, que se mide a través de una evaluación denominada CAS⁷. El sistema CAS es el instrumento utilizado en Chile para focalizar los beneficios sociales entregados por el Estado. Consiste en un puntaje que se le asigna al hogar sobre la base de una entrevista realizada directamente en la vivienda del hogar. La entrevista consta de 50 preguntas que incluyen: información general, identificación de los miembros del hogar, condiciones ambientales, condiciones de hacinamiento, condiciones de salud y comodidad, ocupación e ingresos, propiedad de bienes durables y otras variables socioeconómicas. Una vez realizada la entrevista, el puntaje CAS del hogar es válido por dos años, período en el cual el hogar puede utilizarlo para postular a los diferentes beneficios sociales del Estado⁸.
La municipalidad debe entregar los subsidios por orden de mérito de los postulantes de acuerdo con sus puntajes CAS. Normalmente el subsidio otorgado a un hogar tiene una duración de tres años antes de que el hogar deba repostular.

El cuadro 2 muestra el número de subsidios asignados por región, la población beneficiada y el valor promedio de cada subsidio individual. A nivel nacional hay cerca de 450 000 subsidios vigentes que benefician a más de 13% de la población con casi 10 dólares mensuales.
En algunas regiones donde existen altas tarifas y bajos salarios (III y IX), casi un tercio de la población recibe el subsidio.
En la II Región, donde las tarifas de agua son las más elevadas del país, el valor promedio del subsidio es mayor, pero el número de subsidios asignados es menor debido al alto ingreso promedio de los hogares en esa región.

Conclusiones

Durante los diez últimos años el sector sanitario en Chile ha vivido una profunda transformación. A fines de los ochenta se reestructuró el sector, separando y clarificando las responsabilidades institucionales entre el dictado general de políticas y leyes, las tareas de regulación y fiscalización y la operación de los servicios. También se realizó una reforma tarifaria con el objetivo de crear un marco claro para las revisiones de tarifas. En Chile se optó por un sistema de tarifas basado estrictamente en consideraciones económicas. Los objetivos sociales y distributivos fueron abordados por un instrumento alternativo, un subsidio directo al consumo de agua potable y alcantarillado financiado por el presupuesto nacional. Finalmente, durante los últimos años se ha procedido a privatizar las empresas más importantes del sector. En la actualidad la mayoría de los clientes del país son servidos por un prestador controlado por privados.

Referencias:
E-mail:
agomezlo@econlfacea.uchile.cl

Cuadro 2
Número y valor de los subsidios en 1998

Fuente: Mideplan.

1. Un análisis más detallado del proceso de privatización se puede encontrar en los articulos publicados en el libro de Oxman y Oxer (2000).
2. Luego de la privatización de ESVAL, los nuevos dueños optaron recientemente por terminar dicho contrato de gestion.
3. El principal cuerpo legislativo del sector sanitario es el DFL 382 de 1988, conocido como la Ley General de Servicios Sanitarios. Esa Ley, que fue modificada por la 19549, contiene el marco jurídico para la participación del sector privado en la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado.
4. Mayores detalles se pueden encontrar en Delavau (2000).
5. Un análisis detallado del subsidio de agua potable en Chile y su homólogo en Colombia se encuentra en Gómez-Lobo y Contreras (2000).
6. La Ley 18778 de 1989 establece el subsidio de pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado.
   El DS 195 establece el reglamento para el subsidio.
7. Otra condición para obtener el subsidio es que el cliente no tenga deudas pendientes con la empresa.
   La introducción del subsidio, junto con la condición anterior, ha generado una reducción importante en los indicadores de morosidad de las empresas.
8. Aparte del subsidio de agua potable, las pensiones asistenciales, subsidio único familiar y otros beneficios sociales son entregados tomando en cuenta el puntaje del Comité de Asistencia Social Comunal (CAS)

Referencias

                                                                                        Oscar Castillo, Paola Rossi

Según Naciones Unidas, "Indígenas son los descendientes de las poblaciones originarias de los países"¹. Dichas poblaciones participan en forma desigual en el proceso de construcción de los estados nacionales, con resultados muchas veces inequitativos y heterogéneos en sus derechos ciudadanos, caracterizados por la exclusión de las minorías étnicas amazónicas y andinas.

En su esfuerzo por superar la pobreza y la marginación, algunas etnias decidieron asumir el mestizaje aun a costa de renunciar a su propia cultura; es el caso de los grupos Cocama-Cocamilla y el grupo étnico los Yaguas, en el sur de Iquitos³. En la última década. diversos Estados realizan actividades para promover el desarrollo de estos grupos étnicos. Así, en el Perú, el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (Promudeh) ha creado la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), con el objetivo de apoyar a los pueblos indígenas; luego, a comienzos del 2001, el gobierno de transición creó la Comisión Especial Multisectorial para Comunidades Nativas⁴, con un plan para coordinar el apoyo a esta población amazónica⁵.

Los servicios de agua y saneamiento en la comunidades nativas

El agua es, junto a los insectos, la principal fuente infecciosa en la selva amazónica, independientemente de que se trate de selva alta o selva baja, por la relación que existe entre los sistemas y subsistemas biológicos, en los cuales el ser humano interactúa⁶.

No se dispone de mucha información acerca de la dotación de servicios de agua y saneamiento a comunidades nativas y grupos étnicos minoritarios. Se tienen referencias de estudios de caso sobre el uso de letrinas (PAS 2001) o el acceso al agua potable (PAS/ITDG 1998), en los que se demuestra que los servicios a las comunidades nativas no son sostenibles cuando se proveen con estrategias que no respetan la cultura local o no se crean los mecanismos que faciliten una asistencia técnica y capacitación apropiada a las familias y grupos étnicos usuarios. En San Martín, provincia de Moyobamba, la dotación de servicios de agua ha tenido serias limitaciones por el uso inadecuado de las bombas manuales (Heuser) o la poca capacitación a las familias en el uso de las bombas manuales (Flexi-OPS).

En los distritos de Perené y Ucayali, la bomba manual es la más difundida. Generalmente existe una bomba por cada comunidad nativa, independientemente de las dimensiones del poblado, situada en la plaza principal, cerca de la escuela u otro lugar de fácil acceso para las familias. Pero falta realizar análisis de la calidad del agua y comparar la calidad del agua de un pozo sellado y el de una pileta conectada a un tanque reservorio, debido a que ésta se encuentra expuesta a diversos factores de contaminación y los nativos no utilizan letrinas en forma permanente, el agua no es clorada porque no tienen acceso al cloro, y en muchos casos porque a los nativos no les gusta su sabor. Las familias que carecen de pileta se abastecen de agua desde el río.

Género, gestión y educación sanitaria

En la Amazonía se dan diferencias notables entre los grupos nativos en lo que se refiere a la participación de la mujer en las decisiones comunitarias; por ejemplo, las mujeres Shipibas tienen más influencia en su grupo que las mujeres Cocamas (Harrington 1992). Pero los intereses políticos y económicos del género femenino se movilizan tradicionalmente alrededor del hogar, la subsistencia y la educación de los niños; mientras que los hombres proveen recursos a su familia a cambio del logro y mantenimiento de un status político, ven a la mujeres/esposas bajo esa óptica de alianzas y jerarquías intragénero masculino, y como medio de intercambio de servicios intergéneros, elementos que integran la economía de intercamio nativa.
Sin embargo, es posible encontrar muchas diferencias entre comunidades nativas cercanas pertenecientes al mismo grupo étnico, las que pueden influir en un proyecto de desarrollo; tanto, que tal proyecto puede ser viable en una comunidad e inviable en otra distante sólo unos pocos kilómetros de aquélla. Por esto, a futuro, antes de la provisión de servicios de saneamiento, es útil realizar estudios comparativos entre comunidades cercanas. Pero un tema que requiere una evaluación general son los mecanismos y formas de participación de las familias nativas en proyectos orientados a proveerlos de servicios, dada la persistencia del paternalismo en muchas comunidades, su renuencia a coparticipar y las limitaciones, sociales o políticas, para un empoderamiento de los procesos por parte de ellos mismos.

1. Minsa: La heterogeneidad etnolinguistica del Perú. Situación socioeconómica y de salud de la población indígena. Lima: Minsa, 1999.
2. Un grupo étnico se considera en extinción cuando sobreviven menos de 500 habitantes (Minsa, ibid.).
3. Harrington, Susan: Frentes al cambio: Comunidades nativas de la Amazonía peruana. Lima: Instituto Linguistico de Verano, 1992.
4. Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas: "Plan de acción para los asuntos prioritarios", en diario El Peruano, 24 de julio del 2001, con el auspicio de la Embajada Británica (DFID) y de la Agencia Española de Cooperción Internacional (AECI).
5. En Ecuador, entre 1950 y 1997 se extinguiero once grupos indígenas de la Amazonía. De los 42 que existen, 18 están en peligro de extinción por tener menosde 225 personas, y en el país se han perdido 12 lenguas nativas (Brack, Antonio, en El Comercio, 13 de agosto del 2001).
6. Véase León, Guillermo: "Saneamiento y riesgos para la salud en la Amazonía", en el boletín Agua N° 5. Lima, febrero del 2000.

                                                                                   Julio Alegría/SANBASUR

Desde agosto del 2000, el sector de agua y saneamiento tiene una nueva Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento (DL 908). Sin embargo, dicha norma no se puede implementar en tanto no se promulgue su Reglamento. A su vez, con los sucesivos cambios ocurridos en el último año, es probable que incluso esa nueva Ley deba ser modificada con el fin de proveer al sector de un instrumento más ágil y claro para promover su desarrollo. Aquí se presentan algunas sugerencias que podrían ser tomadas en consideración.

Comentarios a la Ley

3. El papel de las municipalidades provinciales

El Capítulo III, de las Municipalidades, sólo alude a las proviciales en la prestación de los servicios de saneamiento dentro de sus ámbitos territoriales.
Esto podría generar confusión en relación con el papel de las municipalidades distritales, puesto que más adelante, en el Título X, se asigna un rol a dichos municipios "en el ámbito rural y pequeñas localidades"; incluso se establece que pueden brindar el servicio directamente.
En el Título III se indica que en los distritos (distintos de la capital provincial) que cuenten con un centro poblado con población mayor de 30 000 habitantes, el servicio de saneamiento deberá ser brindado por la municipalidad provincial, lo que puede generar confusión respecto de las competencias.
En el Título X de la Ley se establece que los poblados de hasta 2000 habitantes, y en algunos casos los de hasta 30 000, contarán con el servicio a través de las JASS, que se organizan mediante "acción comunal", bajo la asistencia técnica y apoyo financiero de la municipalidad distrital. Esta disposición deberá complementarse, si se consideran las condicioens de pobreza y bajo nivel educativo de las poblaciones rurales del Perú, así como las severas limitaciones técnicas, presupuestales y la escasa capacidad de gestión de la mayoría de municipalidades distritales.

4. La asistencia técnica a las JASS

La Ley dispone que las municipalidades distritales brinden asistencia técnica a las JASS (artículo 46), aunque sabemos que en la actualidad (y por un considerable período), las municipalides no están en condiciones de cumplir esta misión. Sin embargo, la Ley sugiere un horizonte para el cual los organismos del sector se deben preparar con el fin de apoyar en la mejora de esas capacidades de gestión de los municipios rurales. Por otro lado, la Ley no establece quién asumirá los aspectos de capacitación y educación sanitaria, más allá de asignar una responsabilidad genérica a la DGS (artículo 6, inciso e).
En resumen, el DL 908 aborda débilmente el saneamiento rural y tiene un sesgo hacia el sector urbano, aspectos que es pertinente corregir; además, existen vacíos que pueden resolverse.  Por otro lado, el Ente Rector aparece desvinculado de instancias descentralizadas y desprovisto de los medios para el cumplimiento de sus funciones, lo que plantea un interrogante sobre su pertenencia sectorial.

Sugerencias para mejorar la Ley

1. Definir la dualidad de funciones entre la DGS y el Minsa. El Ente Rector debe implementarse para cumplir su rol; por ello, mediante la Ley o su Reglamento, debe establecerse una organización e instancias regionales de coordinación. Como parte de ello, un tema clave a evaluar es la relación con las áreas de saneamiento básico de las Direcciones Ejecutivas de Saneamiento Ambiental (DESA), actualmente dentro de las Direcciones Regionales de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), buscando eliminar la dualidad de competencias.
2. Evaluar la pertinencia de adscribir la DGS a un sector. En relación con la pertenencia sectorial de la DGS, existen argumentos a favor y en contra de que este organismo se traslade a alguno de los actuales sectores del Estado; la experiencia ha demostrado las inconveniencias de encasillar al saneamiento en un sector en particular. Por ello, antes de tomar una decisión, primero se debe recordar que en el Perú no existe una Autoridad de Aguas de uso múltiple y autónoma de cualquier sector. Se tiene conocimiento de que el gobierno de transición designó una comisión técnica para proponer una nueva Ley de Aguas que reemplace a la Ley General de Aguas promulgada en 1970 durante la dictadura militar, la cual asignaba un rol controlista al Estado.
   Actualmente dicha Ley de Aguas es obsoleta e inadecuada, con un sesgo al sector Agricultura; no mantiene criterios de eficiencia económica y deja de lado los aspectos de la calidad del recurso, entre otros temas claves en la reforma del Estado.
   En un nuevo marco legal de aguas con enfoque integral, se crearía una Autoridad Autónoma de Aguas de uso múltiple¹, cuya autoridad máxima podría tener rango de ministro, organizada descentralizadamente en forma de Entidades de Cuenca. En este sentido, se sugiere evaluar la conveniencia de que los aspectos de saneamiento (el uso poblacional del agua) formen parte de las competencias de dicha Autoridad de Aguas, de modo que la DGS se inscriba dentro de su organización.
3. Determinar las competencias del Ente Regulador en el ámbito rural y de pequeñas localidades. Es necesario precisar en la Ley que las competencias de SUNASS como Ente Regulador también comprenderán a las pequeñas localidades con menos de 30 000 habitantes.
   En el capítulo de las competencias municipales se menciona también a los municipios distritales, refiriéndolos a los centros poblados del ámbito rural y de pequeñas localidades.
   Asimismo, se sugiere establecer que en casos de distritos que no son apitales provinciales, en cuyas jurisdicciones se encuentran poblaciones que exceden los 30 000 habitantes, los servicios de saneamiento sean responsabilidad de los correspondientes municipios distritales.
4. Determinar el Ente Controlador para el sector rural. La Ley debe establecer el Ente Controlador para los servicios de saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas localidades. En este sentido, se propone que dicho rol sea asignado de manera explícita a las municipalidades distritales. Esta responsabilidad debe desarrollarse en el Reglamento de la Ley.
5. Precisar las relaciones entre los sectores de Educación y Salud y las municipalidades distritales. El papel de vigilancia de Minsa se debería explicitar mejor en la Ley, y luego tendría que ser detallado en el Reglamento. Se sugiere que la Ley establezca que los sectores de Salud y Educación apoyen a los municipios distritales en el cumplimiento de sus funciones de asistencia técnica, capacitación y educación para la higiene. El Ente Rector deberá apoyar estas iniciativas a través de sus instancias descentralizadas.
6. Establecer una política financiera concertada desde los municipios distritales. Sobre el financiamiento para la ampliación de la cobertura o rehabilitación de la infraestructura de saneamiento en las jurisdicciones de los municipios distritales, sería oportuno indicar en la Ley que las municipalidades deben asignar una atención presupuestal prioritaria a la inversión en saneamiento, con la participación de las comunidades y las Juntas de Vecinos, de manera concertada.

Salud y saneamiento desde las Escuelas Promotoras de Salud

                                                                     Lic^a Violeta Cuenca / Lic. Alfredo Reátegui

Abrir un caño y ver correr el agua aún causa asombro a muchos niños que estudian en colegios estatales ubicados en zonas urbanas marginales de Lima Metropolitana. El agua sólo llega dos o tres veces por semana a sus escuelas y el amacenamiento de ésta se realiza en tanques que reciben mantenimiento muy raras veces durante el año, y esto si el colegio tiene los recursos económicos para hacerlo.
En este contexto, prácticas cotidianas, como beber agua directamente del caño o lavarse la cara, son por lo general el inicio de transmisión de enfermedades como parasitosis, enfermedades diarreicas agudas (EDA) y enfermedades de la piel.
Además, la escasez de agua afecta la limpieza de los ambientes y servicios higiénicos repercutiendo en la salud de la población escolar.
Desde la perspectiva de la propuesta de Escuelas Promotoras de Salud, los problemas originados en relación con el uso y mantenimiento de los servicios higénicos y consumo de agua se deben en gran medida a las inadecuadas prácticas que son mantenidas por la población escolar y por la deficiente gestión de las autoridades educativas.
A través de esta propuesta, la Asociación Kallpa, desde las líneas de gestión y educación, brinda a la comunidad educativa el asesoramiento para el tratamiento del problema.
Desde la línea de gestión, promueve la implementación de bidones con agua clorada en cada aula de la escuela, mantenimiento de los servicios higiénicos, construcción de tanques de almacenamiento y coordinaciones con las autoridades de salud para la limpieza de estos últimos (los tanques).
Desde la línea de educación en salud, los docentes ejecutan acciones educativas (proyectos de aprendizaje) dirigidas a generar en los alumnos prácticas para el consumo de agua clorada y adecuado uso y mantenimiento de los servicios higiénicos.
La experiencia ha demostrado que mejorando la capacidad de gestión y brindando educación, se logra desarrollar prácticas saludables para el autocuidado de la salud. La planificación y ejecución de estas líneas de acción están a cargo de un comité de salud, integrado por representantes de docentes, padres de familia, alumnos y alumnas, personal de mantenimiento y dirección.
Ellos logran encaminar la propuesta desde el interior de la escuela; son el motor de la estrategia y si bien toda la comunidad educativa se ve involucrada en las diferentes actividades, este comité es el que lidera y guía a la escuela en todo el proceso de aprendizaje para ser una Escuela Promotora de Salud.
La Asociación Kallpa realiza el trabajo de difusión de la estrategia Escuela Promotora de la Salud junto a otras instituciones, como la Organización Panamericana de la Salud, Pathfinder, el Instituto de Educación en Salud (IES), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial y el Comité Sectorial de Agua y Saneamiento. También la estrategia ha sido tomada como parte de los proyectos educativos de CARE-Perú (Huaraz) y Health Net (Ayacucho).
A la espera de que esta propuesta sea asumida desde los programas de los ministerios de Salud y Educación, Kallpa seguirá trabajando para promover que cada vez más niños y niñas se eduquen en ambientes saludables.

3 de junio: Río Piura recibe basura y desagues, y las riberas son usadas como relleno sanitario en la zona La Presa los Ejidos. Al norte de la ciudad existe un alto grado de contaminación, según lo advierte la DESA del Minsa (El Comercio).

5 de Junio: Construyen lagunas de oxidación en caserio que no tiene agua. Las obras se construyeron en Tangarará, caserío ubicado a 20 Km de Sullana. Los vecinos expresaron su molestia indicando que la obra prioritaria era arreglar el sistema de agua potable, afectado por el fenómeno El Niño de 1998 (El Comercio).

20 de junio: Gerente de SEDAM Huancayo afirma que agua consumida por huancaínos es buena, luego de que el 21 de mayo pasado el director de Salud Ambiental del Minsa informara que en 161 muestras de agua se encontraron problemas de potabilización, turbidez y presencia de elementos extranos. Por su parte, la SUNASS también advirtió a dicha empresa de problemas similares (El Comercio).

5 de julio: Venden agua no apta para el consumo humano; así lo denuncian habitantes del asentamiento humano Nuevo Chimbote, en el departamento de Ancash. El agua, contaminada o con muy bajo contenido de cloro, es vendida por camiones cisternas (El Comercio).

17 de julio: Ayuda canadiense llegó a 199 millones de dólares entre 1988 y el 2000, ejecutados mediante el Fondo Contravalor Perú-Canada. El embajador Graeme Clark anunció un nuevo fondo por 27 millones de dólares adicional a la asistencia bilateral que proporciona al país para iniciativas de reforma del sector público, educación, manejo de recursos naturales, agua y saneamiento (El Perúano)

Lima y SEDAPAL

15 de julio: En Ciudad de Papel consumen agua contaminada hace años. Más de 1500 familias utilizan un pozo subterráneo que ellos mismos administran; pero el agua contiene sulfato, carbonato y otras sustancias que la hacen no apta para el consumo humano (El Comercio).

7 de agosto: Se necesita un operador para Sedapal, opina experto de GTZ, ingeniero Marco Venegas: "Se necesita incorporar un operador especializado que conozca el negocio y resuelva rápidamente los problemas de pérdidas de agua e ineficiencia en la cobranza. A su vez, debe haber mucha seguridad y su fiscalización expresada en el contrato. Tiene que haber una entidad que supervise el rol de la empresa privada, y en una de estas instancias de regulación pueden intervenir los usuarios" (La República).