La transición energética en Perú representa un desafío multidimensional que requiere equilibrar objetivos ambientales con necesidades socioeconómicas. Aunque el país cuenta con abundantes recursos renovables y ha establecido compromisos climáticos ambiciosos, enfrenta obstáculos significativos en infraestructura, equidad, participación ciudadana e integración de nuevas tecnologías.
Contexto Actual de la Matriz Energética Peruana
Estructura y dependencia de combustibles fósiles
La matriz energética del Perú presenta una composición heterogénea pero aún dependiente de fuentes no renovables. En 2023, la potencia efectiva instalada se distribuía así: energía térmica de gas natural y diésel representaba el 52,76%, hidroelectricidad el 40,19%, energía eólica el 4,85% y energía solar el 2,19%. Sin embargo, en términos de generación de energía eléctrica real, el balance es más favorable: aproximadamente 53% proviene de fuentes renovables convencionales (hidroeléctricas) y no convencionales (eólica y solar), mientras que 47% proviene de fuentes no renovables, destacando el gas natural.
Este panorama revela una paradoja: aunque Perú depende significativamente de hidroelectricidad limpia, existe una vulnerabilidad crítica. La matriz es altamente sensible a fluctuaciones climáticas, especialmente sequías que reducen drásticamente la generación hidroeléctrica, obligando al sistema a recurrir a generación térmica costosa. Tal como ocurrió en 2022 y 2023, cuando sequías intensas presionaron los precios de energía. Además, la dependencia de gas natural plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo, considerando que las reservas son finitas.
Potencial renovable no aprovechado
A pesar de su riqueza en recursos, Perú subutiliza su potencial renovable. El país cuenta con un potencial hidroeléctrico de 69,445 megavatios, capaz de cubrir múltiples veces la demanda actual, pero solo ha explotado una fracción significativa. Del mismo modo, posee recursos solares y eólicos considerables, especialmente en el sur peruano, que apenas comienzan a desarrollarse.
Compromisos Climáticos y Objetivos de Política Energética
Metas internacionales y nacionales
Perú ha asumido compromisos crecientes en la arena climática internacional. Inicialmente se comprometió a reducir emisiones de gases de efecto invernadero entre 30-40% para 2030; posteriormente, en 2020, elevó este objetivo a una reducción del 40% para 2030, condicionado a disponibilidad de financiamiento internacional. La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 (ENCC2050), lanzada en noviembre de 2021, establece una visión aún más ambiciosa: alcanzar neutralidad de carbono para 2050.
Adicionalmente, la ENCC2050 propone metas específicas incluyendo: generación eléctrica 100% renovable a mitad de siglo, electrificación del transporte, gestión sostenible del territorio con protección de al menos 50% de bosques amazónicos remanentes, y fortalecimiento de la gestión de riesgos climáticos en cuencas y costas.
Matriz energética proyectada al 2030
Los objetivos operacionales son concretos. El gobierno proyecta que la potencia instalada en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) alcance 4,503.1 MW para 2030, triplicando la capacidad actual en energías renovables. Actualmente, 105 proyectos cuentan con estudios de pre-operatividad aprobados, de los cuales 12 solares y 3 eólicos tienen concesión definitiva, sumando más de 23 GW de potencia estimada. Se espera que las energías renovables alcancen el 43% de la matriz peruana en 2050.
Reto 1: Infraestructura de Transmisión y Distribución como Cuello de Botella
Desajuste entre generación y transmisión
Uno de los obstáculos más críticos es el desbalance entre el ritmo de desarrollo de capacidad de generación renovable y la expansión de infraestructura de transmisión. Mientras que plantas solares o eólicas pueden construirse en menos de dos años, las líneas de transmisión requieren más de seis años de desarrollo, enfrentando desafíos sociales, prediales y geográficos complejos. ISA Energía, operador de 12,000 kilómetros de líneas de transmisión en Perú, tiene en desarrollo 1,100 kilómetros adicionales con inversión estimada de US$1,300 millones, pero estos proyectos no entrarán en operación hasta 2028.
Este desfase genera riesgos operacionales significativos. La congestión en líneas de transmisión puede limitar la capacidad del sistema para recibir energía renovable disponible, reduciendo eficiencia y encareciendo la electricidad.
Debilidades en distribución de baja tensión
Los cortes frecuentes en regiones, particularmente intensificados en los últimos tres años, reflejan deficiencias en operación de baja tensión, especialmente en zonas de concesión de empresas de distribución estatales o sistemas eléctricos rurales. Factores como infraestructura envejecida, ataques a torres por extorsionadores —particularmente en zonas mineras— y fenómenos climáticos extremos (sequías, excesos de lluvias) agravan la situación.
Reto 2: Acceso Equitativo y Pobreza Energética en Zonas Rurales
Brechas persistentes en electrificación rural
Aunque Perú ha avanzado significativamente en electrificación rural, persisten brechas estructurales. En 2025, más de 700,000 viviendas aún no están conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. En noviembre de 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportó que 97,000 peruanos de sectores rurales accedieron a energía eléctrica por primera vez durante ese año, beneficiando 965 localidades en 10 regiones. A pesar de estos avances, se mantiene una deuda histórica de acceso en regiones como Amazonas, donde 362 comunidades indígenas aún carecen de electricidad.
Limitaciones de soluciones actuales
Las soluciones implementadas, aunque valiosas, presentan limitaciones que perpetúan pobreza energética. Proyectos como “Luz en Casa 2023” instalan sistemas autónomos en viviendas aisladas mediante paneles solares. Sin embargo, testimonios de beneficiarios en comunidades amazónicas como Bretaña (Loreto) revelan insuficiencias: durante el día, los paneles solares suministran energía, pero en las noches el sistema aún depende de generadores diésel. Además, la capacidad instalada es limitada y no permite operación de electrodomésticos que requieran mayor potencia, como refrigeradores, lavadoras o aires acondicionados. Esto limita derechos esenciales como salud (conservación de alimentos y medicamentos) y educación (conectividad internet).
Dimensión de género en pobreza energética
La pobreza energética tiene profundas implicaciones de género. En Perú, el 30% de pobladores rurales utiliza leña para cocinar, mientras que el 11% de población nacional aún recurre a biomasa como fuente energética. Esta responsabilidad recae desproporcionadamente en mujeres, quienes deben recolectar leña en condiciones climáticas adversas, exponiendo su salud y consumiendo tiempo que podría dedicarse a educación o trabajo remunerado. Según la CEPAL, los estereotipos y roles socialmente asignados vinculan el acceso y uso de energía con género, siendo las mujeres rurales e indígenas las más vulnerables.
Reto 3: Dependencia de Hidrocarburos en Territorios Indígenas
Vulnerabilidad de comunidades amazónicas
Un total de 46 territorios de las nacionalidades achuar, kukama, quechua y shuar viven en zona de influencia de lotes petroleros (Lote 192 y Lote 8) y dependen completamente de operadores extractivos para energía. Petroperú suministra electricidad de 8 a.m. a 11 p.m., forzando a comunidades a concentrar actividades en ese horario limitado. El apu Aurelio Chino de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) señala que estas comunidades “no saben lo que es tener energía las 24 horas del día”.
Contaminación residual y falta de remediación
Más allá de la pobreza energética, estas comunidades enfrentan secuelas de explotación de hidrocarburos. El dirigente indígena Wrays Pérez denuncia que la contaminación de ríos y suelos causada por derrames de petróleo está incrementando enfermedades en la piel, abortos espontáneos y desnutrición, especialmente en mujeres y niños. A pesar de compromisos de remediación, las comunidades permanecen expuestas a estos riesgos sin acceso a información clara ni fiscalización efectiva del Estado.
Falta de participación en política energética
Desde abril de 2025, organizaciones de pueblos indígenas amazónicos exigen participación efectiva en la elaboración de la Política Energética Nacional al 2050. Denuncian que el Ministerio de Energía y Minas desarrolla esta política sin consulta previa a pueblos indígenas, violando derechos reconocidos en tratados internacionales. Esta exclusión profundiza desigualdades históricas y perpetúa modelos que no consideran las necesidades ni territorios de comunidades indígenas.
Reto 4: Financiamiento de la Transición Energética
Magnitud de inversión requerida
La transición energética en Perú requiere inversiones masivas. Según análisis de Deloitte, alcanzar escenarios de mayor ambición climática demanda inversiones de capital entre USD 40.8-103.4 mil millones para el sector de demanda energética. Con inversión pública de USD 14 mil millones, el gobierno podría impulsar obras por USD 59 mil millones, generando ahorros acumulados de 1,305 MtCO2eq en el escenario de desarrollo verde.
En energías renovables específicamente, empresas como Zelestra presentan planes de inversión por USD 1,000-1,500 millones en los próximos cinco años para plantas solares en el sur del país, con objetivo de alcanzar 1 GW de capacidad. El Ministerio de Energía y Minas impulsa una cartera de 62 proyectos priorizados distribuidos en 25 regiones con inversión superior a USD 80 mil millones, equivalentes al 27% del PBI proyectado para 2024.
Mecanismos de financiamiento
El gobierno ha implementado incentivos para movilizar capital privado. El Decreto Legislativo 1058 de 2008 estableció régimen de depreciación acelerada de hasta 20% anual para proyectos de generación de energía renovable, permitiendo deducir más rápidamente costos de activos fijos. Recientemente, la Ley 32217 prorrogó este beneficio hasta diciembre de 2030. Este incentivo sobresale por su focalización, neutralidad y menor impacto fiscal comparado con otros mecanismos tributarios.
La introducción de carbon pricing se contempla como herramienta complementaria para financiar inversiones. Según proyecciones, este mecanismo podría generar USD 21-79 millones en recursos adicionales, dependiendo del escenario.
Reto 5: Generación de Empleo e Integración de Trabajadores
Oportunidades de empleo verde
La transición energética genera potencial significativo de creación de empleo. Globalmente, la Agencia Internacional de la Energía proyecta que empleos vinculados a generación de energía limpia aumentarán de 6 millones actualmente a casi 14 millones para 2030. En Perú, sectores como energías renovables (solar, eólica), vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y eficiencia energética generarán demanda de especialistas.
Iniciativas como el Horizonte de Verano (planta de hidrógeno verde en Arequipa) proyecta generar 15,000 empleos directos e indirectos. El proyecto de 150 buses eléctricos para el sistema Metropolitano de Lima generará empleo en fabricación, mantenimiento y operación, fortaleciendo la economía local.
Déficit de capacitación especializada
Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo advierte que la escasez de profesionales con formación especializada en energías renovables podría ralentizar la transición. En Perú, existe brecha entre demanda de especialistas y disponibilidad de programas de capacitación. Programas como el de Educación y Emprendimiento Juvenil de Schneider Electric buscan formar jóvenes de 11-35 años en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de energía limpia, pero estas iniciativas requieren escalamiento significativo.
Transición justa para trabajadores de sectores extractivos
Un aspecto crítico es la transición de trabajadores del sector petrolero, minero-energético y centrales termoquímicas. La política de transición justa debe garantizar programas de reconversión laboral, pensiones adecuadas y oportunidades en nuevos sectores para evitar que transición ambiental genere desigualdad social.
Reto 6: Integración de Energías Renovables Variables y Estabilidad del Sistema
Desafíos técnicos de penetración renovable
La creciente participación de energías variables (solar y eólica) plantea desafíos de estabilidad y confiabilidad del sistema. A diferencia de hidroeléctricas que pueden modularse, generación solar varía con ciclos día-noche y eólica depende de patrones de viento. Para 2030, cuando energías renovables no convencionales se proyecten significativamente mayores, el sistema debe contar con servicios complementarios: almacenamiento en baterías, demanda flexible e interconexiones inteligentes.
ISA Energía enfatiza que soluciones no deben limitarse a baterías, sino incorporar tecnologías diversas y modernización de redes con inteligencia, flexibilidad y diseño proactivo que anticipe fenómenos extremos. El cambio climático ya está impactando condiciones operativas: “rayos están cayendo en zonas donde antes no caían”, según ejecutivos del sector, requiriendo adaptación de infraestructura.
Reto 7: Impacto Ambiental de Proyectos Renovables y Consulta Previa
Potencial impacto en biodiversidad
Aunque energías renovables son más limpias que combustibles fósiles, proyectos a gran escala conllevan impactos ambientales y territoriales. Plantas solares requieren extensas superficies de terreno; plantas eólicas impactan patrones de viento y fauna; proyectos hidroeléctricos alteran hidrología de cuencas. La SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) ha establecido lineamientos para consulta y participación ciudadana en actividades eléctricas.
Deficiencias en participación ciudadana
A pesar de marcos regulatorios, organizaciones de derechos adviertendeficiencias en implementación de consulta previa. El proceso debe ser “libre, previo e informado” según estándares internacionales, pero reportes señalan que en muchos casos: información no es accesible a comunidades indígenas, tiempos de consulta son insuficientes, y decisiones se toman sin incorporar realmente las voces de poblaciones afectadas.
Reto 8: Disparidad Territorial y Dependencia de Sector Minero
Minería como catalizador de transición
Paradójicamente, la minería peruana se posiciona como principal motor de transición energética. Con más del 55% del consumo eléctrico del mercado libre, grandes operadores mineros (Southern Peaks, Anglo American, Antamina, Southern Copper, etc.) están acelerando contratos renovables y autogeneración. Southern Peaks fue la primera empresa minera certificada con energía 100% renovable; Anglo American abastece su mina Quellaveco completamente con energía eólica; otras como Antamina, Cerro Verde, Las Bambas y Yanacocha manifiestan interés de transicionar.
Proyectos emblemáticos como Wayra Solar —la primera planta híbrida solar a gran escala, ubicada en Marcona (Ica), con operación comercial prevista para Q4 2026— suministrará energía a empresas mineras. Esta dinámica impulsa inversiones: Orygen ha incrementado suministro de energía renovable certificada al sector minero de 0.1 TWh en 2019 a más de 1.5 TWh proyectados para 2025.
Riesgo de inequidad geográfica
Sin embargo, este dinamismo concentra beneficios en zonas mineras del sur peruano, generando potencial inequidad geográfica. Mientras regiones con operaciones mineras aceleran transición energética, zonas rurales remotas sin actividad extractiva quedan rezagadas en electrificación. El modelo de mercado libre que atrae inversión privada a zonas mineras no incentiva extensión de redes a poblaciones aisladas con bajo poder de compra.
Oportunidades y Estrategias de Solución
Diversificación de portafolio renovable
Perú debe acelerar diversificación más allá de hidroelectricidad. Proyectos priorizados incluyen plantas solares fotovoltaicas (Illa, Solimana, San Martín), parques eólicos (Muyu) e hidrógeno verde (Horizonte de Verano). Esta diversificación reduce vulnerabilidad climática y tecnológica.
Modernización de redes inteligentes
Inversión en infraestructura de transmisión y distribución inteligente es crítica. Mesas técnicas periódicas entre gobierno, reguladores, operadores de transmisión y generadores deben identificar y resolver cuellos de botella, priorizando expedición de permisos ambientales y acceso a tierras para proyectos prioritarios.
Electrificación rural inclusiva y sostenible
Perú debe escalar proyectos de electrificación rural, pero con ajustes que garanticen acceso justo. Esto incluye: (1) sistemas con capacidad suficiente para electrodomésticos esenciales, no solo iluminación; (2) integración de almacenamiento en baterías para suministro 24/7; (3) participación comunitaria en diseño e implementación; (4) financiamiento público sostenido, no dependiente de operadores extractivos.
Transición justa con inclusión de trabajadores y comunidades
La transición debe garantizar: (1) programas de reconversión laboral para trabajadores de sectores fósiles; (2) participación efectiva de pueblos indígenas en política energética, con consulta previa vinculante; (3) mecanismos de remediación de daños históricos por explotación de hidrocarburos; (4) beneficios compartidos de proyectos renovables con comunidades locales.
Capacitación especializada y educación técnica
Ampliar programas de formación en energías renovables, eficiencia energética y tecnologías complementarias es esencial. Alianzas entre sector privado, institutos técnicos, universidades y gobiernos locales pueden acelerar disponibilidad de especialistas.
Mecanismos de financiamiento innovadores
Complementar incentivos tributarios con instrumentos de financiamiento accesible (fondos de garantía, préstamos blandos, inversión de impacto) para pequeños y medianos proyectos de energía renovable, especialmente rurales.
La transición energética peruana está en marcha pero enfrenta retos estructurales que requieren acción coordinada. La disparidad entre capacidad de generación renovable e infraestructura de transmisión, brechas persistentes de acceso equitativo en zonas rurales, dependencia de comunidades indígenas de operadores extractivos, y déficit de capacitación especializada son obstáculos críticos. Sin embargo, compromisos climáticos ambiciosos, marcos regulatorios emergentes, inversión privada catalizadora en minería y creciente voluntad política abren oportunidades.
El éxito de la transición dependerá de equilibrar urgencia ambiental con justicia social, garantizando que beneficios de energía limpia lleguen de manera equitativa a todos los peruanos, especialmente a poblaciones históricamente marginadas, mientras se genera empleo digno y se respetan derechos de pueblos indígenas.